Rechazamos por considerarla una medida electoralista ineficaz para solucionar la inseguridad, que además es regresiva en materia de derechos y que va contra de las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
En medio de un contexto de violencia generalizada, donde el estado viola permanentemente las garantías constitucionales, con las fuerzas de seguridad empoderadas en el uso de las armas de fuego, con la policía entrando en las escuelas y la gendarmería ingresando en los barrios y villas de emergencia, vemos sumamente peligroso bajar la edad de culpabilidad de los chicos.
Hay que pensar la problemática de los adolescentes en relación a las políticas públicas, y lo que se ve, es que esas políticas están ausentes, ya que tanto provincia como Nación desfinancian el sistema de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, un dispositivo para evitar que esos pibes lleguen a relacionarse con el delito. Es por esto que instamos en pensar más en garantizar derechos y menos en punitivismo.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el Comité de los Derechos del Niño de la ONU cuando analizó el caso del Estado argentino en 2018, pusieron énfasis en que el país debe reformar su régimen penal juvenil adecuándolo a los estándares internacionales de derechos humanos. En ese sentido, el Comité de los Derechos viene señalando a los estados miembros de la Convención la no regresividad en materia de derechos y que la edad de punibilidad debe ser aumentada a 18 años. La reforma es necesaria para que se puedan dar garantías procesales a los chicos y chicas, que dependen de la discrecionalidad del juez a cargo de su causa, bajo un sistema tutelar, pero hay que poder leer cómo se aplica en la práctica y en los territorios en particular, donde sabemos que la policía es la encargada de materializar cómo se gestiona la conflictividad social en los territorios, la misma que asesinó a Facundo Ferreira (de 12 años) y que necesita una reforma estructural. El sistema de protección integral de niños y adolescentes es el que tiene que garantizar derechos no el sistema penal.
Desde el Frente Barrial CTA repudiamos rotundamente el endurecimiento del sistema penal, y lo vemos como única respuesta y equívoca que propone el neoliberalismo, a sus políticas de hambre y miseria, como alternativa de "seguridad".
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